Al ignorar las tensiones entre el derecho internacional y la realidad sobre el terreno, las principales potencias mundiales corren el riesgo de desvalorizar el sistema de las Naciones Unidas.
Las revisiones propuestas al código penal del país promueven penas severas por el uso y la tenencia de estupefacientes, incluida la sanción más dura, la pena de muerte, en lugar de un enfoque orientado a la salud.
El Cirujano General de los Estados Unidos, la principal autoridad federal en materia de salud, emitió el primer aviso nacional de su departamento en 13 años para instar a que se garantice una mayor oferta de naloxona.
Trump ha respaldado la ejecución de narcotraficantes, a pesar de la gran cantidad de pruebas que apuntan a que esta medida no desincentiva las actividades delictivas y viola los derechos humanos.
Una coalición de organizaciones que representa a personas que usan drogas, profesionales de la salud y defensores de los derechos humanos ha propuesto que se revisen las políticas de drogas punitivas, respondiendo a las demandas de la sociedad civil.
En el marco del 61º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, los Comités de ONG de Viena y Nueva York firmaron un memorando de entendimiento por el que se establece el nuevo Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para garantizar una participación significativa de la sociedad civil en el proceso que desembocará en la serie de sesiones a nivel ministerial de 2019.
La reforma introducida por Myanmar en su marco jurídico y normativo es una clara señal de que el Gobierno reconoce las deficiencias de la estrategia anterior, que se basaba principalmente en el uso de medidas represivas.
Las declaraciones del nuevo jefe antidrogas representan un paso en la dirección correcta, pero las leyes del país siguen siendo enormemente contraproducentes.
