La Federación ENLACE muestra su preocupación por los recortes en justicia gratuita por segundo año consecutivo

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La Federación ENLACE muestra su preocupación por los recortes en justicia gratuita por segundo año consecutivo

12 julio 2012

En el día de la justicia gratuita, ENLACE teme que de nuevo sean las personas más desfavorecidas las que sufran los efectos de la crisis económica

Desde su creación, la Justicia Gratuita ha estado pensada para garantizar la asistencia jurídica de aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para costearse los gastos procesales y de defensa de los procedimientos judiciales. Esta medida es necesaria en un Estado de Derecho que se sustenta en el Derecho Fundamental a la Defensa como uno de sus pilares básicos, derecho irrenunciable reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

El repetido embate a la Justicia Gratuita, unido a la implantación paulatina de las tasas judiciales puede suponer, además, que las personas sin recursos vean dificulado su acceso a la Justicia en condiciones de igualdad que las que SÍ se la pueden costear. A día de hoy, no sabemos con exactitud cómo van a afectar estos recortes en Andalucía.

Ya en abril de este año, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía pidió a los Colegios de Abogados que suspendieran los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico Penitenciaria ante la ausencia de prórroga del Convenio de Colaboración que venían manteniendo al efecto las Administraciones estatal y andaluza. Esto ha supuesto dejar sin asistencia jurídica a más de 16.000 personas presas, la mayoría de ellas con graves problemas de drogodependencias y/o exclusión social que carecen de recursos económicos. Según Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “debemos poner fin de una vez a estas políticas que se ceban con las clases más desfavorecidas”.

Ante el informe presentado en el día de hoy por el Consejo Andaluz de la Abogacía Española con motivo de la celebración del día de la Justicia Gratuita, ENLACE exige a Junta y Gobierno Central que den un giro a esta situación y garanticen a todas las personas su Derecho de Defensa en condiciones de igualdad, con independencia de su status económico.

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