IDPC hace un llamado al Comité de Expertos en Farmacodependencia (CEFD) para rectificar el error histórico del listado de la hoja de coca, reafirmar los derechos indígenas y garantizar su participación a lo largo del proceso de revisión.
La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud explora la importancia de la reducción de daños en relación con el uso de drogas y las normas y políticas relacionadas.
ICEERS publica un informe que analiza el estatus legal de la ayahuasca dentro de la ley portuguesa de drogas y aboga por más claridad legal y protección consistente contra la criminalización.
La OMS se comprometió a asegurarse que la revisión no se dilatase y el Vicepresidente subrayó la importancia de un proceso abarcante, que incluya los usos tradicionales.
El TNI traza la historia y el estado actual de los esfuerzos de Bolivia para poner fin a la persecución de la hoja de coca, tal y como actualmente se recoge en los tratados mundiales de control de drogas.
Al revisar los efectos de la regulación del cannabis, el gobierno debe garantizar la participación en la industria de esta sustancia de los pueblos indígenas y grupos racializados que históricamente figuran quienes más pierden en la "guerra contra las drogas".
Bolivia solicita una revisión crítica de la hoja de coca, argumentando que la clasificación actual va en contra de las pruebas científicas y vulnera los derechos, en particular de los pueblos indígenas.
La OACDH presenta al Consejo de Derechos Humanos su informe acerca del impacto del problema mundial de las drogas sobre los derechos humanos; el documento insta a los gestores de políticas a adoptar un enfoque de políticas de drogas centradas en la salud y los derechos humanos.
Aunque la legalización de las sustancias psicodélicas es un paso positivo hacia la reforma de políticas mundiales referidas a drogas, ésta no debe hacerse a expensas de las comunidades indígenas, que vienen utilizando plantas psicoactivas para la curación emocional, física y espiritual desde hace siglos.