Es determinante para la despenalización que el sistema de salud argentino esté listo para recibir a los usuarios de drogas

“Es determinarte para la despenalización del consumo personal de drogas que el sistema de salud esté listo para recibir el flujo de gente que puede necesitar atención”, afirmó João Castel-Branco Goulão, coordinador del Centro Portugués de Drogas y Alcohol en el cierre de la 10 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que organizada por la asociación civil Intercambios se realizó ayer en el Senado de la Nación en Argentina.

Castel-Branco Goulão, quien llevó adelante el modelo de despenalización regulada que funciona en Portugal desde 2001, explicó que una de las primeras consecuencias de la descriminalización es la mayor demanda de usuarios de drogas al sistema de salud,que empieza a pedir ayuda cuando ya no se sienta perseguida ni haciendo algo ilegal. “Cuando empecé a trabajar en este tema, hace más de veinte años, era común que la gente no quisiera dar más que su nombre de pila, las personas tenían un miedo enorme. Hoy, luego de diez años de despenalización, te dan sin inconvenientes su carnet de identificación porque tienen la tranquilidad de que nadie los llevará presos”, aseveró.

Década del ´90: incremento del consumo

En Portugal, la preocupación por encontrar respuestas a los problemas asociados a las drogas comenzó a principios de la década del ´90, cuando en ese país “el consumo se disparó en forma exponencial, no sólo marihuana sino también de heroína. Fue un proceso muy rápido y desde el Estado nos llevó mucho tiempo encontrar respuestas”, afirmó. Las primeras políticas estuvieron en el Ministerio de Justicia, con políticas penales similares a las de Argentina: prisión, tratamiento compulsivo o multas para los consumidores primerizos. “Muchas veces la prisión fue una escuela de delincuencia, la gente salía peor que como entraba. Y el abuso del encarcelamiento no mejoraba la situación”, aseveró.

De 1997 a 1999 duplicaron el presupuesto y el número de profesionales dedicados a atender usuarios de drogas, pero seguían sin éxito. El Estado convocó a una comisión de expertos –integrada, entre otros, por João Castel-Branco Goulão- para elaborar una propuesta. Esta propuesta incluyó una ley de descriminalización regulada, medidas para el control de la oferta y, sobre todo, nuevas formas de atención de la demanda: “Incorporamos diversidad de tratamientos, introdujimos la metadona como parte de la terapéutica y programas de discriminación positiva para la inserción laboral de drogadictos en tratamiento, entre otras políticas”, explicó el especialista-

João Castel-Branco Goulão refirió que “el problema de consumo en aquel tiempo era tal que no había familia portuguesa que no tuviera alguna situación cercana, fue problema para todas las clases sociales. Esto llevó a que gane consenso la idea de ´mi hijo no es un criminal, es un buen chico pero tiene un problema que necesita atención´ y, por lo tanto, la idea de que había que descriminalizar”.

2001: Mejorar el acceso a tratamientos

Es importante la siguiente aclaración sobre el modelo portugués: se discriminalizó, pero se mantiene una penalización en la esfera administrativa. Por ejemplo, un chico es interceptado por la policía con sustancia para su uso personal. El joven debe presentarse a un órgano administrativo a cargo del Ministerio de Salud, que tiene como objetivo identificar las necesidades de las personas. Castel-Branco Goulão explicó: “Si es un adicto se intenta ver qué tratamiento podría facilitarle la vida, si es un usuario ocasional se analiza si existen otros factores que pudieran llevarlo hacia un consumo problemático. La persona no necesariamente es referida a un centro de tratamiento, muchas veces lo es a un centro comunitario, según sean sus necesidades”.

Con esta política, Portugal logró disminuir el consumo de drogas inyectables drásticamente, reducir la violencia asociada al consumo de drogas y, muy especialmente, mejoró el acceso a los servicios de salud para quienes tienen consumos problemáticos. A modo de conclusión, el actual presidente del Observatorio Europeo de Control y Adicción a las Drogas señaló: “No establecemos una relación causa efecto entre descriminalización y estos resultados. Lo que sí podemos decir es que no ha impactado de forma negativa, introdujo coherencia en el sistema y nos sentimos todos mucho más a gusto trabajando en este contexto, es mejor para la gente”.

Un desafío en todo el mundo

A su turo, Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), se refirió al desafío que significa en todo el mundo generar políticas alternativas a la represión. “Muchos gobiernos del mundo enfrentan los mismos desafíos que la Argentina está discutiendo hoy. Un ejemplo de que el tono del debate está cambiando es que, por primera vez este año, el gobierno de Estados Unidos reconoció en la sesión anual de la Comisión de Estupefacientes (CND) de Naciones Unidas en Viena que ´ha habido una extremada confianza en los beneficios del encarcelamiento´. Ese es un indicio claro del cambio”, señaló la especialista.

IDPC es una red mundial de ONG y profesionales, especializada en problemas asociados a las drogas. Tiene ochenta y ocho organizaciones miembro en todo el mundo y su rol es fomentar un debate abierto y basado en evidencias científicas, con fuerte enfoque en reducir los daños asociados a las drogas. Fordham planteó que existen diferentes posiciones sobre penalizar el consumo personal, “por ejemplo, Uruguay y España jamás criminalizaron la tenencia para consumo personal y otros países están cambiando y descriminalizando”.

Despenalizar es diferente a legalizar

“La descriminalización es algo diferente a la regulación legal del mercado de drogas –aclaró Fordham-. Lo que discute la Argentina actualmente es la descriminalización de la tenencia para consumo personal”. También aseveró que son claves: la proporcionalidad de las sentencias penales, que distingan el microtráfico de las situaciones más graves.

A modo de conclusión, la representante de IDPC destacó: “La evidencia global demuestra que continuar criminalizando a los usuarios de drogas no mejora la situación. El enfoque argentino tiene un fuerte arraigo en la perspectiva de derechos humanos y el cambio en la ley puede hacer una importante contribución a la discusión internacional de las políticas de drogas”.

Conclusiones y perspectivas

En una semana de intensa agenda en torno a la reforma de la ley de drogas, la 10 Conferencia permitió avanzar en tres grandes conclusiones: que los funcionarios a nivel nacional están de acuerdo con la despenalización, que los diputados han llegado a una propuesta de consenso y que existen graves deficiencias en el desarrollo de tratamientos para usuarios de drogas. En su discurso de cierre, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, afirmó: “El año que viene esperamos estar evaluando la implementación de una nueva ley de drogas”.